CARACAS, Venezuela.- La relación entre Estados Unidos y Venezuela tiene, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, siete meses en los que ha habido entendimientos, tensiones y críticas. Washington y Caracas, que no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, protagonizan desde enero un ida y vuelta que ahora incluye movimientos militares en la región. En lo que va de 2025, los gobiernos de Trump y de Nicolás Maduro pasaron de acordar liberación de presos y de tener gestos beneficiosos para ambos países a intercambiar amenazas y órdenes militares.

Una nueva etapa

Trump asumió el 20 de enero y ese mismo día firmó un decreto que menciona al Tren de Aragua, una pandilla surgida en una prisión de Venezuela, junto a otras bandas transnacionales y carteles de la región, a los que designaría como grupos terroristas.

Días después, el Gobierno de Trump revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal para cientos de venezolanos. La medida afecta a más de 600.000 venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos y que preveían contar la protección frente a las deportaciones hasta al menos el otoño boreal de 2026.

Tira y afloja

Richard Grenell, enviado de Trump a misiones especiales, se reunió el 31 de enero con Maduro. El Departamento de Estado dijo que buscaba la repatriación de “criminales y pandilleros” venezolanos y la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Ese día, Venezuela liberó a seis estadounidenses detenidos. Luego, el gobierno de Maduro comenzó a recibir vuelos con venezolanos deportados. Desde entonces, el vínculo oscila entre reanudaciones y tensiones bilaterales. Estados Unidos incautó el 6 de febrero en Santo Domingo un segundo avión del presidente de Venezuela. La nave estaba bajo sanción estadounidense, según el Departamento de Seguridad Nacional. Otra aeronave usada por Maduro había sido incautada en septiembre de 2024 y enviada a Florida.

Deportaciones y aranceles

A mediados de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para acelerar deportaciones de migrantes que serían miembros del Tren de Aragua. El 17 de marzo, el Gobierno de Trump deportó a cientos de venezolanos sin condena firme a El Salvador, donde son recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megaprisión criticada por el trato que reciben los detenidos. Maduro calificó las deportaciones como secuestros.

Cerco contra Maduro: más despliegue de buques al sur del Caribe

Trump anunció el 24 de marzo que impondría aranceles del 25% a cualquier país que compre petróleo a Venezuela. La medida, que entró en vigor el 3 de abril, fue presentada en parte como una forma de castigo por la falta de voluntad de Caracas de aceptar a migrantes deportados. Pese al tono amenazante, el Gobierno anunció una extensión de la licencia a Chevron para operar en Venezuela.

Agosto recargado

El gobierno de Trump anunció el 7 de agosto que duplicaría a US$ 50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de ser “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”. El canciller venezolano, Yván Gil, calificó la oferta como patética y ridícula. La líder opositora María Corina Machado saludó la iniciativa estadounidense. Una semana después, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que Washington había confiscado más de US$ 700 millones en activos a Maduro. “Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia”, dijo. Maduro afirma que es una “guerra de declaraciones”.